Actualmente
en España hay alrededor de 30.000 niños y niñas tutelados por el Estado, porque
han vivido una situación de desamparo por diferentes motivos. De ellos,
alrededor de 15.000 viven temporalmente en hogares financiados por las
Administraciones Públicas. Según datos extraídos del Informe del Defensor del
Pueblo, cada menor cuesta 3.810 € de media mensual (la gestión privada sale más
cara al contribuyente). Calculemos.
Un menor al
año cuesta a la Administración 45.720 €. Multiplicado por 15.000 son,
anualmente, 685.800.000
€. Y yo me pregunto.
¿Por qué no
se invierte más en prevención? ¿Por qué no dotamos a los barrios, a los
municipios de recursos que ayuden a las familias a educar a sus hijos e hijas? ¿Por qué hay que
esperar a intervenir cuando la situación es ya insostenible? ¿Por qué no hay
más recursos para el acogimiento en familia extensa?¿Se puede hacer algo más
para reducir esos 30.000 niños y niñas que no están con sus familias?
Estos niños
y niñas no tiene culpa de nada. Y sufren en silencio hasta casi 5 años de estancia
en diferentes hogares. La responsabilidad, entre otros, es de la Administración
que no ha ofrecido recursos adecuados para que esa familia sepa ejercer bien su
función.
Familias
que están en situación de riesgo social necesitan más apoyos, cercanos, personalizados,
accesibles, competentes. Un centro de atención a familias llevado por dos
profesionales equivale más o menos a lo que vale atender a dos menores en un
centro de menores durante nueve meses. Y podrían atender a muchas familias al
año. Se reduciría muchísimo el gasto, y lo más importante, aumentaría la
felicidad de muchos menores que podrían seguir viviendo con su familia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario